Disputas en crudo: Pemex vs. el Presidente

En medio del debate sobre la necesaria reforma energética, sale a flote una historia que refleja la complejidad de los intereses en juego:la de los barcos al servicio de Pemex.

Fuente: Reporte Índigo

Y por insólito que parezca, existe una disputa abierta, legal, en los juzgados, entre la paraestatal petrolera y el Presidente de México.

Pemex buscó el amparo de la justicia para impedir que le prohíban contratar navieras extranjeras que hoy operan cientos de buques, barcos, remolcadores y barcazas en el Golfo de México.

El Ejecutivo, con la Secretaría de Comunicaciones al frente, expidió a finales del sexenio foxista una legislación para exigir que los barcos que dieran servicio a la petrolera fueran de nacionalidad mexicana.

El argumento era claro. Ni Estados Unidos, ni los países de la Unión Europea, ni Brasil, por citar tres ejemplos, autorizan el cabotaje de hidrocarburos con buques que no tengan bandera y tripulación nacional.

Pero al margen del litigio, lo que se asoma en esta disputa es un ejemplo claro de la compleja red de intereses que están en juego en la industria más lucrativa del planeta: la energética.

Y aunque ambas partes, el Ejecutivo y Pemex, zarpan con la bandera del interés de la nación, lo cierto es que detrás de cada argumento está la defensa de poderosos intereses que buscan dominar el futuro de la paraestatal.

La petrolera tiene razón cuando dice que no existen en México los buques necesarios para operar, pero es justamente Pemex la que ha dejado morir su flota, para entregar jugosos contratos a influyentes firmas multinacionales.

Para muestra ahí están los contratos con Tidewater, la naviera mundial más grande dedicada al cabotaje de crudo y en la que se asoman intereses de la familia Bush.

Por el otro lado, el Ejecutivo tiene razón cuando se propone fortalecer a las navieras de México para que las utilidades de esas operaciones —el valor agregado— beneficie a los mexicanos.

Lamentablemente, detrás de esa buena voluntad se esconden las historias de las vinculaciones de los Fox con los intereses de los Serrano en Transportación Marítima Mexicana. O la de los Bribiesca con Oceanografía. O la de ex funcionarios de Pemex convertidos oportunamente en prósperos navieros.

En la antesala de que la paraestatal someta a licitación contratos por miles de millones de dólares para contratar servicios de cabotaje, el litigio de la nacionalidad de los buques adquiere vigencia.

Es apenas un ejemplo del porqué nadie puede sacar a flote a Pemex en los momentos en que la industria petrolera es más rica que nunca.

Es una de las exhibiciones más claras de los intereses que apadrinan, desde México o el extranjero, las confrontadas posiciones de la reforma energética, que naufraga hoy en un mar de ambiciones ocultas bajo el agua.

Entre las compañías extranjeras que trabajan para la empresa petrolera, y cuyos intereses pretende proteger, se encuentra Tidewater Inc., corporación que fusionó a las empresas energéticas de los Bush.

De manera insólita, Petróleos Mexicanos solicitó un amparo en contra del Presidente de la República, de los secretarios de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, así como del Congreso de la Unión.

El motivo: haber aprobado, promulgado y aplicado la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, cuyos artículos 40 y 41 establecen algo inadmisible para Pemex: que “la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje —de un puerto a otro en los litorales del país— estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas”.

La paraestatal sostuvo que dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2006, discrimina a los navieros por razones de nacionalidad, sin tomar en cuenta el precio como factor determinante. Es decir, se favorece a los mexicanos, limitando a Pemex “para contratar en las mejores condiciones”.

La queja de la paraestatal surgió a fines del gobierno de Vicente Fox, pero se extendió al de Felipe Calderón y a sus funcionarios de las secretarías de Gobernación, entonces a cargo de Francisco Ramírez Acuña, y de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler.

El asunto fue atendido primero por el Juez Octavo y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.Finalmente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia en mayo de 2007 porque Pemex alegó que los artículos 40 y 41 de la nueva ley eran inconstitucionales.

Ocho meses después, el pasado 6 de febrero, la Suprema Corte emitió una resolución de 83 páginas en la cual negaba el amparo a la paraestatal, quedando en evidencia la intensa defensa que hacía Pemex de las navieras extranjeras y de sus filiales que le prestan el servicio de cabotaje, en perjuicio de las nacionales.

Entre las compañías extranjeras que trabajan para la empresa petrolera, y cuyos intereses pretende proteger, se encuentra Tidewater Inc., corporación que tiene como accionista a George Bush, según reveló Christopher Whalen, analista financiero y banquero de inversión estadounidense.

Tidewater tiene más de 30 embarcaciones, entre remolcadores y abastecedores, trabajando para la paraestatal. La compañía es un “monstruo”. Cuenta con alrededor de 500 barcos y, a través de sus subsidiarias, provee naves de suministro y servicios de ayuda marina a la industria de la energía costa afuera.

También ofrece asistencia para apoyar varias fases de las operaciones de exploración, desarrollo y producción petrolera, incluyendo el remolque y manejo de torres de perforación y equipos móviles, además del transporte de suministros y personal. Tidewater trabaja principalmente en el Golfo de México, el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, así como en Australia, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Malasia, México, Trinidad, Venezuela y el oeste de África.

Enrique Pacheco, directivo del Frente Unido de Marinos Mercantes, estima que en la Sonda de Campeche operan unas 300 embarcaciones menores privadas para Pemex. De ellas, la mitad proviene de otros países, en su mayoría de Estados Unidos, como Tidewater. Hace 25 años, la paraestatal tenía 38 buques-tanque grandes, hoy sólo quedan seis, y están inservibles.

Pacheco considera que la marina mercante de Pemex está agonizante y que la falta de decisión de las secretarías de Hacienda y de Energía impide la renovación de su flota.

“Si Pemex tuviera sus propios barcos, dejaría de estar licitando concursos que acaban en especulación y corrupción. Ahí tiene el caso reciente de los hijos de Marta Sahagún, quienes a través de una compañía de prestanombres, Oceanografía, operan en la Sonda de Campeche”, señala.

En la exposición de motivos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos —que no sólo se aplica a Pemex, sino también a diversas entidades públicas y privadas que mueven varios tipos de mercancías—, se asegura que al otorgar permiso a las embarcaciones extranjeras para prestar sus servicios de tráfico de cabotaje en el país, se originó una drástica disminución de los buques nacionales, que en 1999 cubrieron sólo 30 por ciento del total de dicho tráfico.

Con la reforma a la ley, precisa Pacheco, se pretende solucionar la problemática que ha generado el actual marco legal de la Marina mercante, como el desempleo de oficiales y tripulaciones mexicanas, el desmantelamiento de la industria de construcción naval nacional, el monopolio del transporte de carga de cabotaje en manos extranjeras y la fuga de divisas que todo ello representa.

Ubica dicha fuga en 12 mil millones de dólares, aunque otros expertos elevan esta cifra hasta 36 mil millones de dólares por concepto de movilización de 267 millones de toneladas de carga diversa por vía marítima.

En realidad, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos no prohíbe a Pemex la contratación de navieras extranjeras, pero sí la condiciona a que no lo haga cuando exista una nacional que trabaje en igualdad de condiciones.

Antes que el precio, la paraestatal deberá considerar los aspectos técnicos de las ofertas para la contratación de algún barco, esto en virtud de que las navieras mexicanas compiten en desventaja con las extranjeras porque tienen que pagar impuestos y prestaciones laborales que no son obligatorias para los proveedores de otros países.