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Fuente: Cambios de Michoacán
Aunque la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac) no sea la que demande penalmente de forma directa a los líderes sindicales que han bloqueado o interrumpido el acceso al puerto, eso no quita que quienes demanden sean las empresas afectadas por las pérdidas que estas pudieran tener, señaló Rubén Medina González, director general de esta entidad federal.
El directivo cuestionado sobre las consecuencias económicas o repercusiones que estos movimientos sociales ocasionan al puerto y a los inversionistas ya establecidos dijo que no se tiene cuantificado, aunque resaltó que si algún bloqueo llega a ocasionar el paro en la producción de alguna maquiladora en otra parte que esté relacionado con este puerto, se calculan en miles de dólares y que esto bien puede generar demandas en contra de los líderes, no por parte de la Api sino de los afectados, que son las empresas.
Insistió en que todos los problemas que se vienen a presentar aquí “no son de nuestra incumbencia”, y que haciendo una referencia al estado de derecho “el que afecta asume las consecuencias, no somos el gobierno que está peleando con las banderas que vienen aquí a enarbolar, porque no son temas del puerto”, señaló.
Dijo que lo que pudiera en un futuro evitar afectaciones importantes es apurar la construcción del puente bicentenario, mejor conocido como albatros, para que toda la carga salga de la isla de en medio del recinto portuario hacia la isla del Cayacal y posteriormente a la autopista siglo XXI, para que con esto se cumplan dos funciones, una la de sacar la carga sin que tenga que pasar por la ciudad y segundo que no repercuta negativamente en el manejo de carga porque se haya bloqueado los accesos por algún movimiento o manifestación social.
Medina González dijo que las banderas políticas y las sociales las respeta pero no las comparte, aquí aseveró que “nunca me subiré a un tema que no me competa (como administración portuaria), nos reuniremos con agrupaciones como el sindicato de mineros y los maestros”, ante esto dijo que aunque vienen a que se les escuche, “no somos gestores de causas ajenas, no somos abogados de nadie, los escuchamos por atención y educación”.
También indicó que a estos actores sociales “les dejaremos muy claro que los intereses que ellos afectan también tienen derechos y que esto como consecuencia genera también demandas por afectaciones, y tendrán que afrontarlo en los tribunales”.
Ejemplificó que ante la amenaza de un cierre de flujo por las manifestaciones y bloqueos anunciados, hace 20 días un naviero estaba pensando en reenrutar un buque a Manzanillo, “si esos contenedores que están aquí no salen pueden hacer paros de producción de una maquiladora, que tiene miles de dólares en costos, ellos (los empresarios) reaccionan tienen derecho de ejercer la libertad de libre tránsito así como los demás ‘amigos respetables’ (los líderes sindicales) tienen derecho a ejercer la libertad de expresión”.
El director general del Apilac dijo que en lo que se refiere a demandas “se sabe que hay tres o cuatro demandas en contra de líderes sindicales, que están en proceso y seguramente se resolverán en las instancias, yo no seré puente de broncas ajenas”, concluyó.
Aunque la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac) no sea la que demande penalmente de forma directa a los líderes sindicales que han bloqueado o interrumpido el acceso al puerto, eso no quita que quienes demanden sean las empresas afectadas por las pérdidas que estas pudieran tener, señaló Rubén Medina González, director general de esta entidad federal.
El directivo cuestionado sobre las consecuencias económicas o repercusiones que estos movimientos sociales ocasionan al puerto y a los inversionistas ya establecidos dijo que no se tiene cuantificado, aunque resaltó que si algún bloqueo llega a ocasionar el paro en la producción de alguna maquiladora en otra parte que esté relacionado con este puerto, se calculan en miles de dólares y que esto bien puede generar demandas en contra de los líderes, no por parte de la Api sino de los afectados, que son las empresas.
Insistió en que todos los problemas que se vienen a presentar aquí “no son de nuestra incumbencia”, y que haciendo una referencia al estado de derecho “el que afecta asume las consecuencias, no somos el gobierno que está peleando con las banderas que vienen aquí a enarbolar, porque no son temas del puerto”, señaló.
Dijo que lo que pudiera en un futuro evitar afectaciones importantes es apurar la construcción del puente bicentenario, mejor conocido como albatros, para que toda la carga salga de la isla de en medio del recinto portuario hacia la isla del Cayacal y posteriormente a la autopista siglo XXI, para que con esto se cumplan dos funciones, una la de sacar la carga sin que tenga que pasar por la ciudad y segundo que no repercuta negativamente en el manejo de carga porque se haya bloqueado los accesos por algún movimiento o manifestación social.
Medina González dijo que las banderas políticas y las sociales las respeta pero no las comparte, aquí aseveró que “nunca me subiré a un tema que no me competa (como administración portuaria), nos reuniremos con agrupaciones como el sindicato de mineros y los maestros”, ante esto dijo que aunque vienen a que se les escuche, “no somos gestores de causas ajenas, no somos abogados de nadie, los escuchamos por atención y educación”.
También indicó que a estos actores sociales “les dejaremos muy claro que los intereses que ellos afectan también tienen derechos y que esto como consecuencia genera también demandas por afectaciones, y tendrán que afrontarlo en los tribunales”.
Ejemplificó que ante la amenaza de un cierre de flujo por las manifestaciones y bloqueos anunciados, hace 20 días un naviero estaba pensando en reenrutar un buque a Manzanillo, “si esos contenedores que están aquí no salen pueden hacer paros de producción de una maquiladora, que tiene miles de dólares en costos, ellos (los empresarios) reaccionan tienen derecho de ejercer la libertad de libre tránsito así como los demás ‘amigos respetables’ (los líderes sindicales) tienen derecho a ejercer la libertad de expresión”.
El director general del Apilac dijo que en lo que se refiere a demandas “se sabe que hay tres o cuatro demandas en contra de líderes sindicales, que están en proceso y seguramente se resolverán en las instancias, yo no seré puente de broncas ajenas”, concluyó.
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