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Fuente: El Comercio Digital
La Unión Europea no lo ha conseguido. Las diferentes iniciativas puestas en marcha en los últimos ejercicios para erradicar de las aguas comunitarias la pesca ilegal no han dado los frutos esperados. Por ello, la Comisión Europea pretende tomar cartas en el asunto y elaborar un nuevo reglamento, que hará el número 28, en un nuevo e innovador intento de paralizar estas prácticas.
Lo que se está estudiando es aplicar las medidas que en los últimos años han dado buenos resultados en las carreteras europeas a los caladeros pesqueros de la unión y es que las autoridades comunitarias están convencidas de que no hay nada como atacar a lo que más duele, en este caso la posible pérdida de la licencia para pescar no sólo para el barco, sino también para el capitán del buque que haya cometido esta fraudulenta práctica.
Se quiere implantar un sistema de penalización por puntos, que pretende paliar la actual falta de controles eficientes por parte de los responsables de la Unión Europea. Además, la falta de una cultura de cumplimiento de las normas en las aguas comunitarias -al igual que ocurría en las carreteras- hace que se quiera implantar con medidas intimidatorias.
Carné por puntos
La similitud con el carné de conducir por puntos es más que notoria. No hay más que ver que se pretende que se parta de 12 puntos, tanto para el barco como para el patrón de la embarcación. La infracción más grave supondría la pérdida de seis puntos, con lo que dos sanciones de este tipo obligaría a amarrar el buque, puesto que perdería su licencia, al igual que el capitán, siempre y cuando fuera el mismo que cometió las dos ilegalidades.
Otra medida a aplicar sería la suspensión parcial o total de las ayudas comunitarias que perciba el pesquero afectado.
Según datos de las autoridades comunitarias, aunque el número de barcos pesqueros con que cuentan los países de la Unión Europea ha descendido de manera más que notable, no ha ocurrido lo mismo con la capacidad real de estos buques, que se ha incrementado. A pesar de ello, las capturas han descendido más de un 30% en los últimos ejercicios. Además, la mayoría de los caladeros comunitarios están sobreexplotados.
Cambio normativo
Esta no es, sino, la última de las novedades legales que se han venido aplicando al sector pesquero, pero es que no todas vienen dadas desde la Comisión Europea, sino que también el propio Gobierno español ha instaurado numerosas normas que han hecho que la Ley de Pesca Marítima se haya quedado obsoleta en tan sólo ocho años. Es por ello por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino prepara una modificación de esta ley para adecuarla a los tiempos. El borrador de los artículos que serán modificados está siendo elaborado por la Secretaría General del Mar y se espera que en su confección colaboren los representantes del sector, que podrán aportar sus sugerencias.
Una vez consensuados los textos será necesario remitirlos a las Cortes, para llevar a cabo los diferentes trámites parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, con lo que a finales de año se podría tener culminada la reforma de la ley.
La Unión Europea no lo ha conseguido. Las diferentes iniciativas puestas en marcha en los últimos ejercicios para erradicar de las aguas comunitarias la pesca ilegal no han dado los frutos esperados. Por ello, la Comisión Europea pretende tomar cartas en el asunto y elaborar un nuevo reglamento, que hará el número 28, en un nuevo e innovador intento de paralizar estas prácticas.
Lo que se está estudiando es aplicar las medidas que en los últimos años han dado buenos resultados en las carreteras europeas a los caladeros pesqueros de la unión y es que las autoridades comunitarias están convencidas de que no hay nada como atacar a lo que más duele, en este caso la posible pérdida de la licencia para pescar no sólo para el barco, sino también para el capitán del buque que haya cometido esta fraudulenta práctica.
Se quiere implantar un sistema de penalización por puntos, que pretende paliar la actual falta de controles eficientes por parte de los responsables de la Unión Europea. Además, la falta de una cultura de cumplimiento de las normas en las aguas comunitarias -al igual que ocurría en las carreteras- hace que se quiera implantar con medidas intimidatorias.
Carné por puntos
La similitud con el carné de conducir por puntos es más que notoria. No hay más que ver que se pretende que se parta de 12 puntos, tanto para el barco como para el patrón de la embarcación. La infracción más grave supondría la pérdida de seis puntos, con lo que dos sanciones de este tipo obligaría a amarrar el buque, puesto que perdería su licencia, al igual que el capitán, siempre y cuando fuera el mismo que cometió las dos ilegalidades.
Otra medida a aplicar sería la suspensión parcial o total de las ayudas comunitarias que perciba el pesquero afectado.
Según datos de las autoridades comunitarias, aunque el número de barcos pesqueros con que cuentan los países de la Unión Europea ha descendido de manera más que notable, no ha ocurrido lo mismo con la capacidad real de estos buques, que se ha incrementado. A pesar de ello, las capturas han descendido más de un 30% en los últimos ejercicios. Además, la mayoría de los caladeros comunitarios están sobreexplotados.
Cambio normativo
Esta no es, sino, la última de las novedades legales que se han venido aplicando al sector pesquero, pero es que no todas vienen dadas desde la Comisión Europea, sino que también el propio Gobierno español ha instaurado numerosas normas que han hecho que la Ley de Pesca Marítima se haya quedado obsoleta en tan sólo ocho años. Es por ello por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino prepara una modificación de esta ley para adecuarla a los tiempos. El borrador de los artículos que serán modificados está siendo elaborado por la Secretaría General del Mar y se espera que en su confección colaboren los representantes del sector, que podrán aportar sus sugerencias.
Una vez consensuados los textos será necesario remitirlos a las Cortes, para llevar a cabo los diferentes trámites parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, con lo que a finales de año se podría tener culminada la reforma de la ley.
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