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EN LAS circunstancias actuales, de fuerte caída de la actividad económica y una tasa de paro de más del 20 por ciento, Galicia no está para desaprovechar las oportunidades que se le presenten, por desgracia pocas, para dinamizar su economía.
En ese sentido, el acuerdo de la Xunta con el grupo público petrolero mexicano Pemex, para construir 7 remolcadores, de entre 20 y 50 metros de eslora, en pequeños y medianos astilleros de la ría de Vigo, así como participar en el montaje de otros siete, que serán construidos en México, constituye un soplo de aliento para un sector maduro, muy marcado por el escenario internacional, que atraviesa malos momentos.
Aunque se desconoce la letra pequeña del acuerdo –un error de comunicación que da pie a todo tipo de dudas sobre su contenido y las condiciones que en el mismo se establecen–, por las declaraciones de los directivos de la petrolera se intuye que su objetivo no es sólo construir unas embarcaciones a unos precios muy atractivos, sino desarrollar el sector mexicano de la construcción naval. Una actividad en la que Brasil juega un papel hegemónico en la zona.
En otras palabras, los astilleros gallegos, además de construir unos cuantos barcos, aportarán su know-how a los mexicanos. De ahí que la mitad de los remolcadores serán fabricados al otro lado del Atlántico con supervisión gallega y participación de la industria auxiliar.
Una fórmula que se corresponde con las pretensiones de las autoridades mexicanas de darle preeminencia al conocimiento y al capital humano como factores claves de su modelo de desarrollo.
A falta de saber cómo se materializará el convenio con los astilleros vigueses –presumiblemente serán tres– y de concretar las características de los buques, la información disponible es muy escasa. Los 14 remolcadores suponen una inversión de 247 millones de euros y 2,5 millones de horas de trabajo. Y el tiempo de construcción escalonada oscilará entre los 12 y los 15 meses.
Tomando como referencia el plazo de construcción, el número de horas de trabajo, y el número de astilleros gallegos y empresas auxiliares participantes, el total de puestos de trabajo creados rondará los 600. Una cifra que está muy debajo de los 2.500 que maneja la versión oficial, pero que en ningún caso debe ser desdeñada, dado los efectos indirectos que tendrán esos 600 empleos sobre otras actividades.
Evidentemente, el pedido de Pemex no soluciona la crisis que padece la construcción naval gallega, uno de cuyos principales problemas sigue siendo su escasa capitalización. Lo que merma su capacidad para competir en un mercado internacionalizado y plagado de deslealtades, y no siempre bien asesorado, como es público y notorio en el caso del tax lease.
El empecinamiento del sector en mantener contra viento y marea su método de ingeniera fiscal, en lugar de adaptarlo al modelo francés, derivó en más inconvenientes que ventajas.
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